Los indicadores estadísticos señalan que los españoles no hemos sido mucho de alquilar vivienda, al menos hasta el momento. El porcentaje de propietarios es, con mucha diferencia, más elevado que el de arrendatarios. Una de las razones esgrimidas es que el pago de una renta suele ser considerado como echar el dinero en una especie de pozo sin fondo. Preferimos pagar mensualmente la hipoteca a una entidad bancaria -nos cobra un interés por adelantarnos el dinero-, aunque dicho pago se prolongue durante una buena parte de nuestra existencia. La tendencia, al menos en los años del jolgorio anteriores a la crisis, era alargar el plazo de las hipotecas por espacio de treinta años, incluso más.

Sin embargo, los alquileres de las viviendas son estos días objeto de atención preferente en los medios de comunicación. Se dice que hay una recuperación del mercado inmobiliario español -al menos en las grandes ciudades- y que se están produciendo importantes compras de viviendas por parte de grupos inversores para destinarlas al alquiler. También ha saltado a las primeras páginas -soy de los de papel- el alquiler de una vivienda en Waterloo, localidad belga a unos treinta kilómetros de Bruselas, por Puigdemont, el fugado de la justicia española. Es posible que el hecho de elegir Waterloo tenga algo de simbólico -Junqueras dixit- o suponga un mensaje para iniciados, relacionado con el final de la aventura “puigdemontesca”. El fugado lleva cien días en Bélgica, los mismos que duró la aventura de Napoleón Bonaparte cuando escapó de la isla de Elba. Aventura que finalizó en el campo de batalla de Waterloo. Ignoro  cómo se mueve el mercado inmobiliario en Bélgica, que siempre ha sido un país muy complicado donde ocultan cuidadosamente la penosa colonización que llevaron a  cabo en el Congo y que convirtió en hermanitas de la caridad a los conquistadores y colonizadores hispanos en las Indias. Pero supongo que con la presencia de las instituciones europeas, es decir un elevadísimo número de funcionarios de muy diversas procedencias en Bruselas, debe estar en niveles muy elevados. La vivienda alquilada por el fugado se eleva a cuatro mil cuatrocientos euros mensuales, aunque se trate de lo que se denomina un “casoplón”, señala la pujanza de dicho mercado. También apunta al nulo deseo de aparecer por España -salvo que el alquiler sea una añagaza más del fugado- de quien quiere ser un presidente telemático.

Otra de alquileres se está viviendo en Córdoba, a cuenta de la indemnización de  para el pago de la vivienda del delegado y delegada de Medio Ambiente, y de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Mil trescientos cincuenta y siete euros mensuales y mil cincuenta y cinco respectivamente. Sobre el mercado inmobiliario cordobés -a diferencia del belga- tengo referencias y las cantidades, resultan muy elevadas. La Junta dice que es legal, pero es injusto, muy injusto, teniendo en cuenta que, en el caso del delegado de Medio Ambiente la distancia entre Lucena, su localidad de residencia, y Córdoba es de sesenta kilómetros por autovía. Distancia recorrida diariamente por centenares de personas residentes en Córdoba y que trabajan en localidades de la Subbética. Añádase a ello que las ayudas para el alquiler de viviendas a personas con vulnerabilidad social se aplican en un porcentaje muy inferior a la cuantía presupuestada, según denuncia el Partido Popular.

Cuando las leyes y normas son injustas sólo cabe derogarlas o cambiarlas. Lo último, esconderse tras ellas como explicación de lo que resulta difícilmente explicable.

(Publicada en ABC Córdoba el sábado 3 de febrero de 2018 en esta dirección)

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