2018 es año preelectoral. En el caso de Andalucía, en 2019 debe de haber doble ronda electoral. Serán las municipales, el último domingo de mayo, y las autonómicas que, de cumplirse el mandato cuatrienal, deberían celebrarse por las mismas fechas, ya que el mandato del Parlamento expira el 22 de marzo -se celebraron en esa fecha de 2015-, al ser adelantadas por Susana Díaz. Alegó desconfianza en Izquierda Unida que habían sido sus socios de gobierno hasta que unos meses atrás se vivieron tensiones políticas muy fuertes entre socialistas y comunistas.
Las elecciones municipales se celebrarán en la fecha establecida, aunque en algunos ayuntamientos exista una fuerte inestabilidad institucional. Pero son convocadas en fecha fija. No sucede lo mismo con las elecciones autonómicas cuya celebración es una prerrogativa de quien preside el ejecutivo, siempre que no alargue los cuatro años de mandato parlamentario. La fecha está en manos de Susana Díaz que buscará la que mejor se acomode a sus intereses para tratar de revalidar la victoria electoral de los socialistas. Esa prerrogativa es algo que le da mucho margen de maniobra y todo apunta a que conviene a sus intereses que sean en 2018, pese a que este año se juzga la trama de corrupción orquestada al amparo de los Eres. Una parte importante de lo que fuera el núcleo duro del poder socialista, incluidos dos expresidentes de Junta de Andalucía, van a estar en el centro de la noticia durante semanas por estar sentados en el banquillo de los acusados. Es cierto que en Andalucía -suele ocurrir en otras partes, como sucedió a los populares durante años en Valencia o más recientemente a los convergentes en Cataluña- la corrupción ha pasado poca factura electoral al PSOE, pero la imagen del banquillo de los acusados no es buena y provocará algún daño electoral.
A pesar de ese contratiempo, Díaz cuenta con otros factores que invitan a pensar en el adelanto. En las filas socialistas hay temor al crecimiento de Ciudadanos. La formación naranja se ha apuntado buena parte de la eliminación, al menos parcial, de una de las más clamorosas injusticias que han venido padeciendo los andaluces: la rapiña que suponía el impuesto de sucesiones y donaciones y que la demagogia socialista vendía como un impuesto a los ricos. Arrimadas es jerezana de nacimiento y formada académicamente en Sevilla, echará una mano al insulso Juan Marín. Los estrategas de la Junta temen que Ciudadanos se lleve una parte del voto que no tienen cautivo, pero que rechaza votar a los populares. Ese mismo temor lo albergan los populares, aunque no parece probable que aquí ocurra lo mismo que ha sucedido en Cataluña. Susana Díaz trataría de evitar en lo posible, adelantando el tiempo electoral, la consolidación del voto a Ciudadanos. Sabe también que por estos lares juegan a su favor, electoralmente hablando, las distancias que ha marcado con uno de los grandes perdedores de las elecciones autonómicas catalanas, Miquel Iceta. No sintoniza con el líder de PSC -no ha aparecido por un solo acto electoral en Cataluña lo que a la postre le ha beneficiado- y también sabe que es inmune a las “boutades” de Pedro Sánchez porque no compagina con quien hoy es el secretario general de su partido. Por último, es consciente de que puede beneficiarla la anunciada caída electoral que los podemitas, aunque en Andalucía está por verse.
Es posible que los andaluces acudamos a las urnas en este 2018 que acabamos de estrenar.
(Publicada en ABC Córdoba el 13 de enero de 2017 en esta dirección)