Lo que viene ocurriendo en España desde hace cuatro décadas con nuestro sistema educativo no tiene parangón. Las sucesivas leyes educativas con que los diferentes gobiernos nos han obsequiado han puesto de manifiesto dos cosas, además de ofrecernos con una enrevesada sopa de letras -la última es la LOMLOE porque es la ley que modifica la LOE- para referirnos a ellas. La primera es que el sistema educativo es un arma política de un valor extraordinario. No se trata de un descubrimiento reciente, sino que viene de lejos. La educación se ha utilizado como una forma de adoctrinamiento, que es lo que hacen las dictaduras. En el caso del franquismo no son necesarias mayores explicaciones. Recuerden que se iba por el imperio hacia Dios.

Pero muchos pensábamos, inocentemente, que en un sistema democrático -el nuestro está ahora puesto en cuestión por los adanes del progresismo- la educación había de ser la piedra angular en la formación de ciudadanos instruidos, libres y responsables. Pero lo ocurrido en nuestro país no ha sido así, ni mucho menos. La segunda es que los nacionalismos excluyentes han utilizado y siguen utilizando el sistema educativo como instrumento de adoctrinamiento para sus objetivos políticos sin que les tiemble el pulso.

El último episodio lo tenemos en la decisión de la Generalitat de Cataluña de desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala como obligatorio en el sistema de enseñanza catalán incluir un veinticinco por ciento de clases en castellano. Dicen los independentistas que nones y ese prodigio de alcaldesa que tiene Barcelona, señala que quien quiera clases en español que vaya a la enseñanza privada.

Mientras tanto lo que aparece en los medios y pregonan los independentistas es que Moncloa, es decir el gobierno de España que preside Sánchez no obligará al cumplimiento de la sentencia porque en materia educativa se han transferido las competencias a las comunidades autónomas. Nos preguntamos entonces, ¿para qué se redacta una ley de Educación que se implanta en todo el Estado?

¿Qué hará el gobierno de Sánchez si, en otra comunidad autónoma al tener transferidas las competencias en materia de educación, decide hacer caso omiso a la LOMLOE? Hay razones para ello ante astracanada del ministerio de Educación de permitir pasar de un curso a otro con suspensos, es decir sin aprobarlo, e incluso titular un bachillerato con asignaturas suspensas o acudir a las pruebas de selectividad, a las que ahora se les da el nombre de EVAU o incluso EBAU, según se las nombre como Evaluación de Acceso a la Universidad o como Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad

Con esa pasividad del Gobierno de España ante actitudes como la manifestada por el presidente de la Generalitat porque considera la sentencia una agresión en su programa de inmersión lingüística, que no es otra cosa que desterrar el castellano de Cataluña, ¿qué haría ante el incumplimiento por parte del gobierno de la Junta de Andalucía de decretos ministeriales según los cuales se aprueba suspendiendo? Quizá diría que con esta fórmula ya no es necesario aprenderse la lista de los reyes godos, como si exigiera. Es cuestión de una mentira más.

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 26 de noviembre de 2021 en esta dirección)

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