Uno de los problemas por los que pasan muchas ciudades es el paulatino y creciente deterioro de sus casos históricos. Las restricciones del tráfico o las dificultades para encontrar grandes espacios en que construir amplias urbanizaciones dotadas de servicios comunes son sólo algunos de los problemas. Cada vez son más los vecinos de esos cascos de se marchan a vivir a la periferia de las ciudades y ello provoca que, con el cese de la actividad en comercios, oficinas, despachos profesionales…, se imponga una soledad inquietante y una quietud poco tranquilizadora que avanza con la noche y se adueña de esos espacios de los que parece haber desaparecido la vida.

Esa realidad se complica aún más si ese casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de Córdoba. Las dificultades se incrementan porque, por ejemplo, obtener una licencia para ejecutar incluso alguna obra menor, supone salvar un cúmulo de dificultades que son todavía mayores cuando se trata de obra nueva. No son pocos los que renuncian a construir una vivienda en el casco histórico para no tener que hacer frente a las dificultades administrativas que ello supone siempre y atenazados por el temor de que no surja una dificultad mayor —cosa que en Córdoba es algo más que probable— caso de que aparezcan algunos restos arqueológicos que han de ser convenientemente analizados y que pueden detener sine die las obras, caso de que el estudio revelara que tienen cierta importancia.

Esa situación va a verse agravada de forma considerable con el Anteproyecto de Ley con la que el gobierno de España pretende modificar la Ley de Patrimonio Histórico y la Ley Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y que, según palabras —muy razonables— del propio presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, añadiría un problema más a los trámites que ya se exigen en dicha Gerencia para autorizar una obra.

Una Ley que, en su redacción actual, obligaría a todo vecino de un casco histórico a comunicar, con tres meses de antelación, cualquier obra que se pretenda realizar en un inmueble de su propiedad. Una ley que, más allá de asumir competencias que corresponden a los municipios y, en su caso a las comunidades autónomas, plantea serias dudas acerca de su verdadera constitucionalidad. Una ley que permite al gobierno controlar la gestión de los Bienes de Interés Cultural, lo que en el caso de Córdoba supone, entre otras cosas, el control de lugares como la Mezquita Catedral y la ciudad palatina de Medina Azahara.

No es de extrañar que el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de Andalucía y el Cabildo catedralicio junto con el Obispado hayan alegado contra ese anteproyecto de ley que, como dicho queda, afecta de forma grave a miles de cordobeses que tienen su residencia en el casco histórico.

Publicada en ABC Córdoba el 24 de julio de 2021 en esta dirección)

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