Las cifras de consumo del vino espumoso, que en España recibe la denominación de cava, dadas durante la Navidad por varios medios de comunicación, señalaban que se situaba en torno a los cien millones de botellas. Eso significa un consumo de algo más de dos botellas por habitante.

La zona donde se produce mayor cantidad de este espumoso es Cataluña, aunque en otras regiones españolas, casos de Extremadura, Valencia, Aragón o Andalucía, la elaboración de esta clase de vino, que suele acompañar las mesas navideñas y se asocia a momentos de celebración, está creciendo de unos años a esta parte de forma importante. En parte, porque el rechazo al consumo de productos catalanes -el cava es uno de los emblemas de Cataluña-, como consecuencia de los planteamientos de los independentistas, muchos de los cuales pasan por insultar a España y los españoles. Hay mucha gente que no bebe cava catalán y busca esa bebida, pero elaborada en otras partes de España.

Es sintomático que en Extremadura se produzca ya casi el diez por ciento de esos cien millones de botellas y que sus ventas tengan, en los últimos tiempos, unos crecimientos exponenciales verdaderamente espectaculares. Baste el dato de que en 2005 la producción de cava extremeño era casi testimonial -en torno a las cien mil botellas- frente a los nueve millones actuales. Eso supone que, en poco más de una década, se ha multiplicado casi por cien.

Sin embargo, esos crecimientos, que no se están dando exclusivamente en Extremadura, necesitan para mantenerse la extensión del cultivo de aquellas variedades de uva adecuadas para la elaboración de ese tipo de vino. Sin embargo, desde hace algunos años el gobierno de España tiene prohibido el aumento de la superficie de cultivo de dichas variedades de uva, siguiendo los planteamientos de la Denominación de Origen del Cava, que está controlado por los productores catalanes. Esa prohibición es una medida que beneficia los intereses catalanes del sector, cuyas posibilidades de expansión del cultivo están limitadas por falta de terrenos adecuados para ello, cosa que no ocurre en otras partes de España.

Aunque las diferencias son ciertamente notables, en el fondo de este asunto late la misma situación que se vivía en el siglo XIX cuando la actuación del Estado suponía una protección fiscal para los textiles catalanes. La fórmula entonces era imponer unas elevadas tasas aduaneras a los tejidos procedentes de Gran Bretaña, para evitar la competencia que suponía para la industria textil catalana, cuyos costes de producción eran muy superiores a los británicos.

La consecuencia que se derivaba de ello -más allá de dar alas al contrabando de textiles en Gibraltar- era que todos los españoles pagaban la ropa más cara, en beneficio del negocio en Cataluña. Ahora los productores de vinos espumosos, cuyas industrias están situadas fuera de esa región, se encuentran con cortapisas para desarrollar su negocio, lo que redunda, como ocurría con los paños catalanes y los altos aranceles a los tejidos británicos del siglo XIX, en beneficio de los cavas de Cataluña. Una expansión del cultivo podría afectar a los precios del cava por la simple ley de la oferta y la demanda y eso perjudicaría los intereses de Cataluña.

Pese a realidades como las que hemos señalado a título de ejemplo, en Cataluña, guiados las mentiras que al más puro estilo de Goebbels repiten los independentistas, son muchos los que sostienen que en España se les roba.

(Publicada en ABC Córdoba el 9 de enero de 2019 en esta dirección)

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