Los Presupuestos Generales del Estado han sido siempre un arma política, muy poderosa, en manos del gobierno de turno. Todos lo han utilizado como herramienta para satisfacer las opciones políticas que convenían a quien ha ejercido el poder ejecutivo. La tarta a repartir, que nunca resulta suficiente, siempre ha tenido grandes beneficiados, por lo general los mismos, y grandes perjudicados, que igualmente suelen ser los mismos. Los vascos y los catalanes -pese a que los segundos se han quejado, falsariamente, de que España los roba- se han encontrado entre los primeros, mientras que los andaluces o los extremeños -la situación del ferrocarril en esta región es decimonónica-, a los que ahora se unen los madrileños que siempre han disfrutado de las ventajas y los inconvenientes de ser la capital de España, están entre los segundos.

Quizá ha sido el maltrato que Madrid sufre en esta ocasión en el proyecto de presupuestos presentado por la ministra Montero, la del PSOE, lo que ha hecho que tenga tanta repercusión mediática. Sin duda, los madrileños, a los que Tezanos llamaba tabernarios por el varapalo electoral que dieron a los socialistas en las últimas elecciones celebradas allí, han sido castigados por el gobierno de Pedro Sánchez por dicho varapalo electoral.

Los presupuestos de 2022 hacen algo que no es una novedad: compran voluntades políticas. Pero nunca lo habían hecho con una desvergüenza como la que ofrecen los que acaban de entrar en el Congreso de los Diputados para su correspondiente tramitación. Sánchez es consciente de su debilidad. Con ciento veinte diputados necesita, además del apoyo de sus socios podemitas, en cuyas manos está cada vez más entregado, sumar una veintena de votos y ha decidido comprarlos al precio que sea, en el caso de Bildu, Otegui se lo ha dejado claro, aunque puede encontrarse -bien lo sabe Rajoy- con una puñalada por la espalda como la que le asestó el PNV cuando se sumó a la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. La advertencia del otro día de Aitor Esteban hizo que no pudiera disimular la crispación que le produjo.

La desvergüenza presupuestaria tiene números muy concretos. Las inversiones en Cataluña serán mucho más elevadas que en Andalucía -un dieciséis por ciento más por cada habitante- y en el caso de Madrid la desvergüenza es mayor aún. Un catalán recibirá un ochenta y tres por ciento más que un madrileño. Nos preguntamos si hay un castigo presupuestario a comunidades gobernadas por el PP.

En Andalucía porque los andaluces votaron de tal forma que los socialistas fueron desalojados del poder después de casi cuarenta años y en Madrid porque el PSOE de Sánchez ha sido humillado, electoralmente hablando, por el PP de Ayuso. Los del partido de Puigdemont, que ha cambiado tantas veces de nombre en los últimos años que es un galimatías de siglas, y los de Esquerra Republicana de Cataluña, seguirán diciendo que España los roba. Con los vascos no se sabe, aunque con los conciertos que tienen no necesita saberse mucho porque ellos son los que recaudan y entregan al Estado por los servicios que les presta cantidades cada vez más irrisorias. Sobre lo que señalan los presupuestos para Córdoba… eso lo comentaremos otro día.

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 22 de octubre de 2021 en esta dirección)

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