El Impuesto de Bienes Inmuebles, conocido como el IBI, por esta tendencia a denominarlo todo por siglas que es una penosa realidad en nuestro tiempo, está dando un juego extraordinario en el actual mandato municipal. Nos estrenamos con unas declaraciones de la concejala de Hacienda, Alba Doblas. Apenas tomada posesión declaró, con mucha parafernalia mediática que las viviendas o los locales comerciales que en Córdoba estuvieran desocupados se les duplicaría el impuesto. La aplicación de la medida iba a tener carácter inmediato, pese a los problemas de ilegalidad que la decisión suponía. Luego matizó que se trataría solamente de los pisos y locales que habían pasado a ser propiedad de los bancos, como consecuencia de los desahucios. Con el paso del tiempo se ha evidenciado que lo de la concejala comunista era simplemente un brindis al sol. Populismo en estado puro.
Más tarde el Impuesto de Bienes Inmuebles saltaba de nuevo a la palestra con motivo de los denominados pisos turísticos. El grupo municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz, Pedro García, señalaba que habría que subir el de dichos inmuebles porque suponían una competencia desleal al sector hotelero. Quizá buscaba mejorar en algo las relaciones con un sector de gran importancia en la economía de la ciudad con el que ha tenido más de uno y más de dos desencuentros. Otra vez el más importante de los impuestos municipales daba juego político. Veremos en que queda, pero, con la legalidad en la mano, todo apunta a que como en el caso anterior quedará en agua de borrajas.
Ahora nos encontramos con que IBI ha saltado de nuevo a la palestra. Estamos en vísperas de que se estudien las ordenanzas fiscales con vistas al próximo año y llega de la mano de Ganemos, la marca de los podemitas en Córdoba. No es una novedad porque ya fue el epicentro de otras ordenanzas fiscales. Nos referimos al Impuesto de Bienes Inmuebles con que deberían gravar los edificios de las confesiones religiosas y principalmente los que son propiedad de la iglesia católica a la que adjudican un total de cuatrocientos inmuebles exentos de tributación. Si no se incluyen en la lista de paganos dichos edificios, Ganemos amenaza con las penas del infierno: no apoyar la propuesta de ordenanzas fiscales con vistas el próximo año. Otra vez el IBI convertido en caballo de batalla y por las declaraciones de los podemitas se deduce que hay cierta tensión con Izquierda Unida porque esa fue una exigencia del año anterior que, como en casos anteriores no se ha llevado a efecto. La tensión con Izquierda Unida -la responsabilidad de la hacienda municipal está gestionada por dicho grupo municipal- aumenta porque desde la delegación de Hacienda se ponen en cuestión las cifras barajadas por los círculos podemitas cordobeses.
Las propiedades eclesiásticas son de muy diversa índole. Unas están dedicadas a importantes labores sociales o son lugares de culto. Otras, por el contrario, son bienes donde se llevan a cabo actividades lucrativas o simplemente están alquilados. Las diferencias, pues, son notables. Veremos en qué queda esta nueva andanada con el IBI como protagonista y que, por razones diferentes, desde la izquierda cordobesa, se ha venido, a lo largo del mandato, agitando como un espantajo para consumo de la correspondiente parroquia política. Brindis al sol porque se saltarían la legalidad.
Hágase lo que corresponda, pero desde el marco de la legalidad y se dejen de tanta zarandaja.
(Publicada en ABC Córdoba el 13 de septiembre de 2017 en esta dirección)