Isabel Ambrosio, solo está siendo investigada —antes se decía imputada que es palabra más dura y sonaba a condena en los oídos de los no peritos en la materia— y, por lo tanto, tiene derecho a la presunción de inocencia. La tiene cualquier ciudadano español porque es un derecho básico, recogido en nuestra Constitución. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente, no sólo con este precepto constitucional, sino con muchos otros.

Basta ver las imágenes que nos ofrecen las televisiones para comprobar como la ciudadanía se exacerba ante presuntas situaciones y las fuerzas de orden público se las ven y se las desean para defender a presuntos, repito lo de presuntos, delincuentes de las iras de las turbas. Algunas cadenas de televisión ofrecen carnaza a sus televidentes y están a la que salta para ofrecer espectáculo.

Sin embargo, en el campo de la política los casos son abundantes a lo largo del tiempo. Recuerden la financiación ilegal del PSOE con Filesa, más reciente la del PP con la Gurtel, las trapacerías, cómo mínimo del tres por ciento, de la extinta Convergencia Unió en Cataluña, los trapicheos de los Pujol, los ERES en Andalucía… Eso llevó a que los partidos, tratando de dar una imagen de lucha contra la corrupción, pusieran el listón muy alto. En algunos casos se han forzado dimisiones a imputados, ahora investigados, que luego resultaron absueltos en los juicios. Eran consecuencia de una fuerte presión mediática y de las exigencias de los adversarios políticos, que piden inmediatamente la dimisión de sus contrincantes y se muestran más condescendientes con sus conmilitones y, por lo general, acuden a la presunción de inocencia que deniegan al adversario.

Isabel Ambrosio, ex alcaldesa de Córdoba y ex delegada del gobierno, solo está siendo investigada por haber realizado obras sin la preceptiva licencia y haber ocupado terrenos de una vía pecuaria y, por lo tanto, haber invadido el dominio público —hay fotografías esclarecedoras y evidentes de que lo construido no es cosa menor—. Las diligencias llevan meses abiertas y Ambrosio ha guardado un silencio que da a este asunto un tufo irrespirable. Pero, insistimos sólo está siendo investigada. Su problema es que ha exigido, con contundencia, la dimisión inmediata de quien no ha cumplido con sus obligaciones como cargo público, pese a que había ciertos informes que podían presentar dudas al respecto. Exigió la dimisión inmediata de la concejal Eva María Timoteo. Ahí está la clave de este asunto.

No se trata de no huir como, a la desesperada, señala la investigada, sino de marcharse con un mínimo de dignidad, dadas las circunstancias que concurren.

(Publicada en ABC Córdoba el 13 de marzo de 2021 en esta dirección)

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