No se trata del anuncio de media corrida de toros. Uno de esos carteles en que se indica que la celebración del festejo será «con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide».

Hemos querido con ello señalar el tiempo que han tardado los munícipes cordobeses -más concretamente la alcaldesa Isabel Ambrosio- en poner en marcha una ordenanza municipal con el objetivo de acelerar los lentos y penosos trámites por lOs que han de pasar las licencias de obras en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La mencionada Gerencia, no lo perdamos de vista, es uno de los dominios donde ejerce sus poderes edilicios el concejal Pedro García. Durante todo este tiempo -tres años, tres-, lo que supone tres cuartas partes del mandato municipal, los expedientes se han estado acumulando en la mencionada Gerencia.

Eso significa que se han deteniendo importantes proyectos para Córdoba, más de uno con jugosas inversiones relacionado con el sector hostelero, que es en estos momentos el sector más dinámico de la economía cordobesa. No parece que estas situaciones estén muy en consonancia con aquello, al parecer ya olvidado en el contenedor de los recuerdos, de que lo importante es «gobernar para la gente», salvo que quienes solicitan esas licencias no sean considerados «gente» por el mencionado edil.

La nueva ordenanza entra de lleno en las competencias del edil García. Es lógico que éste se haya sentido algo más que molesto con la iniciativa de la alcaldesa de la que, al parecer, no tenía la menor idea.

Tiene por nombre «Ordenanza de Impulso Económico», todavía es sólo una iniciativa, y, por lo tanto puede sufrir importantes modificaciones. Lo que se pretende, con tanto retraso, es agilizar los trámites de las licencias menos complicadas.

Para ello la iniciativa de la alcaldesa, según ese borrador, abre la vía a que técnicos particulares puedan informar sobre los proyectos y con ese informe, convenientemente justificado según lo determinado por las ordenanzas municipales, las licencias puedan tener vía libre.

En el fondo lo que la alcaldesa está proponiendo es una privatización encubierta de un servicio municipal. La ordenanza incluye el silencio administrativo -el silencio administrativo está contemplado en una ley que hace ya bastantes años fue aprobada por el Parlamento de Andalucía-, por lo que transcurridos tres meses, la concesión de la licencia será automática, si bien se contemplan excepciones.

El encontronazo político está servido. García se ha referido a la iniciativa de la alcaldesa como electoralista. Desde su grupo, al que le fueron entregadas las competencias de Urbanismo en el acuerdo de gobierno, exigen explicaciones sobre una ordenanza acerca de la que ni siquiera se les ha consultado.

Con las elecciones en el horizonte, la batalla está servida, por un asunto que ha necesitado tres años para que se le busque una solución. Alargar las concesiones de licencias urbanísticas a lo que se añade la lentitud en la respuesta a los defectos que han de ser modificados en los proyectos presentados está muy lejos de gobernar para la «gente».

Córdoba, con las elevadas tasas de paro que la lastran, no puede permitirse perder una sola oportunidad por problemas de índole administrativa como los que están viviendo algunas iniciativas. Menos aún por batallas electorales. Porque así, en modo alguno, se buscan a soluciones los problemas reales de la «gente». Veremos si el tiempo electoral en que hemos entrado o el necesario permiso de la autoridad no llevan a la suspensión del festejo, veremos.

(Publicada en ABC Córdoba el 12 de mayo de 2018 en esta dirección)

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