Han transcurrido cuatro décadas desde 1980 hasta 2020 y en ese tiempo se han aprobado ocho leyes de educación. Una ley cada cinco años. Si tenemos en cuenta que, desde la educación infantil hasta el bachillerato o los grados de formación profesional, pasando por la enseñanza primaria y la secundaria obligatoria, son en torno a quince años los que pasan los escolares españoles desarrollando esos ciclos educativos, todos ellos lo han hecho bajo varias leyes educativas.

Hemos vivido una auténtica sopa de letras legislativa en materia educativa. Desde la LOECE, acrónimo de Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, que entró en vigor en 1980, gobernando la UCD y siendo ministro de Educación Otero Novas hasta la LOMLOE siglas de Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que se aprobó en 2020 siendo ministra la socialista Isabel Celaá ha habido seis leyes más. La LODE de 1985 con el PSOE y José María Maravall de ministro, la LOGSE de 1990, también del PSOE —ellos mismos modificaban la ley que habían aprobado cinco años atrás—, siendo ministro Javier Solana. Los socialistas volvían a modificarse, cinco años después, en 1995, con la LOPEG, siendo ministro Suárez Pertierra. En el 2002, el PP, con la ministra Pilar del Castillo, promulgaba una nueva ley, la LOCE, que sería barrida, cuatro años más tarde, en 2006 por la LOE, de la ministra socialista, María Jesús San Segundo. Esa ley fue sustituida en 2013 por la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), gobernando el PP y siendo ministro José Ignacio Wert, que modificaría la señalada LOMLOE, de Celaá

Una triste historia en la que los socialistas ganan a los populares por cinco a dos, que han convertido el sistema educativo español en un arma arrojadiza donde la ideología ha primado sobre la educación, generando una nociva instabilidad educativa. Dicha inestabilidad ha puesto patas arriba el sistema educativo. Se han dado palos de ciego pasándose de los conocimientos, a los contenidos, de los contenidos a los objetivos, de los objetivos a los valores y un largo etcétera que sigue renovándose. Es lo que marcan los pedagogos de salón, que ni han pisado un aula ni nunca se han visto ante un alumnado en clase. Este desbarajuste ha llevado a que la evaluación de PISA sitúe a nuestros alumnos en los escalones más bajos de los países de la OCDE. Los resultados en materias básicas como son la lectura comprensiva o las matemáticas son deplorables. Tan malos en algunas comunidades que, para ser explicados en Cataluña, por ejemplo, un alto cargo educativo lo achacó al elevado número de alumnos inmigrantes que hay en sus aulas, haciendo gala del supremacismo que es propio de los independentistas que gobiernan las instituciones catalanas.

El fenómeno no es exclusivamente español, sino que se extiende a otros países de nuestro entorno. Se tiene la impresión de que los gobiernos, entre ellos los nuestros, buscan que la ignorancia y el desconocimiento sean moneda corriente porque ello les permite actuar sobre una sociedad donde una amplia masa, entre otras causas por deficiencias educativas, carece de espíritu crítico. Una masa que acepta mentiras como verdades e incluso no se inmuta ante reiteradas afirmaciones que luego resultan ser mentiras.

(Publicada en ABC Córdoba el viernes 12 de enero de 2024 en esta dirección)

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